La Asamblea aprobó el 29 de septiembre de 2026 la ley para prevenir y erradicar el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, todavía debe ser sancionada o vetada por el Ejecutivo y, posteriormente, publicada en el Registro Oficial para entrar en vigencia.
¿Qué significa para la comunidad educativa?
La normativa plantea que los estudiantes deben contar con entornos escolares seguros, acompañamiento psicosocial, rutas de protección y mecanismos para detectar tempranamente situaciones de riesgo. El proyecto aprobado también establece que las instituciones educativas deberán identificar señales asociadas al reclutamiento y activar los protocolos correspondientes, procurando que el estudiante sea protegido y no criminalizado.
Además, hay una responsabilidad que sale del espacio físico de la institución:
- Los GAD deberán recuperar y preservar espacios públicos cercanos a las instituciones educativas como entornos seguros.
- Se plantea la implementación de “perímetros sagrados” o seguros alrededor de los establecimientos.
- Los municipios deberán establecer medidas para prevenir actividades que promuevan o glorifiquen la delincuencia y el reclutamiento de menores en estos espacios.
- También deberán impulsar programas y espacios para la convivencia, prevención de violencia y desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
Esto se conecta con el enfoque de Escuelas Seguras, que ya contempla la necesidad de proteger tanto a la institución como a sus zonas de influencia y trabajar de manera coordinada entre Educación, seguridad y comunidad.
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